La quiebra cambia de rumbo

La Duma Estatal el 8 de julio de 2026 aprobó en tercera lectura un proyecto de ley sobre la regulación integral del instituto de quiebras empresariales, que debe cambiar la propia lógica de los procedimientos: en lugar de la liquidación preferente, se propone apostar por la recuperación de las empresas, siempre que tengan potencial económico.

El documento introduce un nuevo procedimiento de reestructuración de deudas, un mecanismo de saneamiento prejudicial, nuevas reglas para la venta de activos importantes y reforma el sistema de funcionamiento de las organizaciones autorreguladoras de administradores concursales. La ley entrará en vigor un año después de su publicación oficial, con excepción de determinadas disposiciones para las que se prevén plazos especiales.

De la liquidación a la recuperación

La quiebra en Rusia sigue siendo uno de los principales instrumentos para resolver deudas problemáticas, sin embargo, en la práctica el procedimiento suele convertirse en el punto final del negocio y no en una vía para su recuperación. Tras declararse la insolvencia de una empresa, el proceso normalmente se reduce a la venta de patrimonio y los posteriores ajustes con los acreedores. Al mismo tiempo, la propia actividad económica a menudo cesa incluso antes de completarse todos los procedimientos.

En un contexto de elevada carga de deuda y cambio de condiciones económicas, el número de quiebras corporativas en Rusia sigue siendo considerable, aunque en 2025 el indicador descendió tras el aumento del período anterior. En 2024, fueron declaradas insolventes en Rusia 8.570 personas jurídicas. En 2025, la cantidad de quiebras corporativas se redujo aproximadamente un 24%, hasta 6.500 empresas. Sin embargo, la disminución del número de procedimientos no elimina el problema clave del sistema vigente: en muchos casos, la quiebra sigue conduciendo no a la recuperación del negocio, sino al cese de la actividad, la liquidación de activos y una recuperación limitada de fondos para los acreedores. 

El problema no radica solo en la cantidad de procedimientos, sino también en su eficacia para los acreedores. El socio del despacho jurídico Taeda Legal Nikita Trifonov señala que el sistema vigente funciona de hecho principalmente para la liquidación.

«La actual ley de quiebras funciona casi en régimen de sentido único: hacia la liquidación. Formalmente contempla procedimientos de rehabilitación: saneamiento financiero y administración externa, pero en la práctica se aplican muy raramente y casi nunca conducen a una recuperación real del negocio».

Según sus palabras, el problema también afecta a los intereses de los acreedores: la mayor parte de los activos se vende ya después de que el valor del negocio haya disminuido considerablemente.

"La mayoría de los procesos concursales terminan con la liquidación de activos a precios muy por debajo del mercado, mientras que los acreedores reciben en promedio entre el 2% y el 3% (nota: del monto de sus acreencias contra el deudor)".

Precisamente esta brecha entre el procedimiento jurídico y la lógica económica se convirtió en uno de los principales argumentos a favor de la reforma. Si una empresa puede ser recuperada y retornar a su operación normal, esto resulta potencialmente más beneficioso para todos los actores del proceso, desde los bancos hasta el Estado.

Nueva reestructuración de deudas: una oportunidad para un segundo intento

Uno de los cambios clave será la introducción de un procedimiento específico de reestructuración de deudas para personas jurídicas. Se aplicará ya en el marco del proceso concursal, pero su objetivo no será liquidar la empresa, sino darle la posibilidad de recuperar su solvencia.

El mecanismo contempla la designación de un administrador concursal que analizará la situación financiera del deudor, supervisará el cumplimiento del plan de reestructuración e interactuará con los acreedores.

Como explica Nikita Trifonov, el nuevo procedimiento será una alternativa al escenario habitual, en el que tras la apertura del proceso la empresa avanza gradualmente hacia la venta de su patrimonio.

Según Nikita Trifonov, el nuevo procedimiento no implica simplemente un aplazamiento de pagos, sino un plan integral de recuperación del negocio: su elaboración estará a cargo del deudor con la participación del administrador concursal, y tras la aprobación de los acreedores y del tribunal, el documento se ejecutará durante cuatro años con posibilidad de prórroga.

A diferencia de los mecanismos vigentes, el nuevo modelo contempla más opciones para la recuperación del negocio.

"El plan puede incluir opciones como: conversión de deuda en acciones, fraccionamientos de pago, reorganización, venta de parte del negocio; en definitiva, están disponibles diversas combinaciones".

Por qué los acreedores obtuvieron el derecho de iniciar la reestructuración

Uno de los cambios más notables será la posibilidad de iniciar la reestructuración no solo por parte del deudor, sino también de los acreedores.

Actualmente, un acreedor que considera insolvente a una empresa puede, en primer lugar, presentar una solicitud para que sea declarada en quiebra. El nuevo enfoque le ofrece una alternativa: intentar preservar un negocio en funcionamiento, si esto permite recuperar más recursos.

Según el experto, este modelo cambia el equilibrio de intereses entre las partes. Para los bancos y grandes acreedores, a veces resulta más rentable apoyar a una empresa en crisis que recibir una compensación mínima tras la liquidación de activos.

"Antes, los acreedores solo podían presentar una solicitud de declaración de quiebra del deudor, es decir, abrir directamente el camino hacia la liquidación. Ahora tienen derecho a elegir otra vía: presentar una solicitud específicamente de reestructuración de deudas, si ven perspectivas de salvar el negocio y quieren obtener más que con la venta de activos en un procedimiento de quiebra", explica Nikita Trifonov.

Según sus palabras, el nuevo mecanismo puede cambiar la propia estrategia de comportamiento de los acreedores.

"Si el banco u otro acreedor importante considera que un deudor vivo pagará más en el futuro que uno muerto, ahora cuentan con las herramientas necesarias para ello", señala el experto.

Para el mercado ruso se trata de un cambio importante: el acreedor deja de ser únicamente un participante en el proceso de cobro y obtiene la posibilidad de influir en el escenario de recuperación de la empresa.

Saneamiento antes de la quiebra: intentar resolver el problema a tiempo

Otro bloque de la reforma se refiere al saneamiento prejudicial. El Estado propone que empresas y acreedores lleguen a acuerdos antes de iniciar un procedimiento formal de quiebra.

Este enfoque ya se aplica desde hace tiempo en el sector bancario. Cuando una entidad de crédito tiene problemas, el regulador generalmente procura no llevar la situación hasta la quiebra del banco, ya que su liquidación implica la pérdida de parte de los activos y clientes, y puede generar riesgos para todo el sistema financiero. En su lugar, el Banco Central utiliza instrumentos de saneamiento financiero: transferencia del banco a un inversionista, cambio en la estructura de propiedad o participación en el saneamiento mediante mecanismos especiales de apoyo.

Uno de los ejemplos más importantes es el banco FK Otkritie. En 2017, el Banco Central decidió sanear la entidad de crédito a través del Fondo de Consolidación del Sector Bancario, tras lo cual el banco pasó por un proceso de saneamiento financiero y en 2022 fue incorporado a VTB. Este escenario permitió evitar la liquidación clásica de un gran banco con venta de activos y traslado de clientes a otras entidades. 

La lógica respecto a las empresas es similar: conservar una compañía en funcionamiento suele ser más rentable que llevarla hasta la venta de activos en el marco de una quiebra. La empresa mantiene sus empleados, vínculos productivos, contratos e ingresos fiscales, mientras que tras un procedimiento de liquidación puede perderse una parte significativa del valor.

El proyecto de ley contempla dos mecanismos de saneamiento prejudicial. El primero es un acuerdo entre el deudor y acreedores específicos. El segundo es un saneamiento integral, que puede extenderse a un círculo más amplio de participantes. El acuerdo integral estará disponible para grandes deudores con un valor contable de activos superior a 1.000 millones de rublos. Para su aprobación se requerirá el consentimiento de acreedores que representen más del 50% de los créditos, sin contar a las personas afiliadas.

Los expertos señalan que la reforma intenta trasladar al sector corporativo la misma filosofía que ya se utiliza en la regulación bancaria: es más rentable resolver el problema antes de que se vuelva irreversible.

Según sus palabras, hoy en día muchas empresas recurren al procedimiento de quiebra ya en una etapa en la que quedan pocas posibilidades de recuperación. El nuevo mecanismo debe dar a los participantes del mercado la oportunidad de iniciar negociaciones más temprano y preservar mayor valor.

«La motivación del Estado aquí es obvia: la quiebra es larga, costosa e ineficiente. Si se logra llegar a un acuerdo antes, es mejor para todos los participantes del mercado», afirma.

Los acreedores disidentes tendrán que aceptar las condiciones del saneamiento

Uno de los elementos más polémicos de la reforma ha sido el mecanismo de extensión de las condiciones del saneamiento a los acreedores que no respaldaron el acuerdo.

Si los acreedores que poseen más de la mitad de los créditos aceptan el saneamiento integral, el tribunal podrá extender sus condiciones al resto de los participantes. Al mismo tiempo, sigue siendo condición obligatoria el principio de que el acreedor disidente no debe quedar en peor situación que quien respaldó el acuerdo.

Este enfoque se utiliza en la práctica internacional de reestructuración de deudas y ha recibido el nombre de principio del mejor interés del acreedor.

«La minoría disidente no debe tener derecho a bloquear la posibilidad potencial de salvar el negocio, si sus intereses se respetan al menos tan bien como los intereses de los demás acreedores».

Sin embargo, precisamente esta parte de la reforma puede convertirse en fuente de nuevas disputas judiciales. Los acreedores que no quieran participar en el saneamiento podrán impugnar las decisiones del tribunal, argumentando que sus derechos fueron vulnerados.

Las subastas oscilantes deben frenar la liquidación de activos por debajo del mercado

Una línea particular de la reforma está relacionada con la venta de bienes de empresas en quiebra. Hoy en día, una de las cuestiones recurrentes sigue siendo el precio de realización de los activos: con frecuencia los bienes se venden considerablemente más baratos que su valor inicial.

El nuevo mecanismo de «subastas oscilantes» se aplicará para bienes con valor superior a 1.000 millones de rublos. Si en la primera etapa no aparecen compradores, el precio se reducirá hasta que surja una oferta. Después de esto comienza el movimiento inverso: el aumento del precio.

Según la idea de los legisladores, este mecanismo permitirá encontrar el valor real de mercado del activo y atraer más participantes a las subastas.

Nikita Trifonov explica que el sistema vigente no siempre permite determinar un precio justo.

«El problema de las subastas actuales para la venta de activos de empresas en quiebra es bien conocido por los profesionales del sector: los activos a menudo se venden a precios muy por debajo del mercado, porque el sistema actual carece de un mecanismo que permita encontrar el precio real de mercado».

Según sus palabras, el nuevo mecanismo debería incrementar la masa concursal y aumentar los pagos a los acreedores.

«El objetivo principal es lograr un aumento real de las masas concursales de los deudores y frenar la práctica de que los activos líquidos se vendan a precios muy por debajo del mercado».

Nuevos requisitos para los administradores concursales

Otro bloque de cambios afecta a los participantes profesionales del mercado de insolvencias: los administradores concursales y sus organizaciones autorreguladas.

El proyecto de ley introduce la división de las organizaciones autorreguladas (OAR) en tres categorías según la complejidad de los casos que podrán gestionar. Para los procedimientos de mayor envergadura regirán requisitos más elevados respecto a los fondos de compensación.

Actualmente, el tamaño mínimo de dicho fondo para una OAR es de 50 millones de rublos. Tras la reforma, para las organizaciones que trabajen con grandes deudores, los requisitos aumentarán sustancialmente hasta los 400 millones de rublos.

El cálculo de los legisladores es que los procedimientos más complejos deben ser gestionados por organizaciones con garantías financieras suficientes.

Al mismo tiempo, precisamente la calidad del trabajo de los administradores puede convertirse en uno de los principales factores de éxito de la reforma.

«El éxito práctico de la reforma depende en gran medida de la calidad de los "administradores concursales"».

Quién saldrá ganando con el nuevo sistema

Los principales beneficiarios de la reforma deberían ser las empresas que han enfrentado dificultades financieras pero conservan potencial económico.

Para las empresas, esto representa una oportunidad de evitar la liquidación; para los acreedores, una posibilidad de recuperar más recursos; y para la economía, la preservación de empleos, producción e ingresos fiscales.

"Los potenciales beneficiarios de la reforma son empresas de buena fe que se encuentran en situación difícil por razones objetivas".

Sin embargo, la reforma en sí no garantiza un cambio automático en la práctica. Los principales riesgos están vinculados a posibles abusos: deudores de mala fe podrían utilizar la reestructuración para postergar pagos, y los nuevos mecanismos de consentimiento forzoso de acreedores podrían generar conflictos.

"La reestructuración puede convertirse en un instrumento para dilatar el pago a los acreedores por parte de deudores de mala fe", advierte el experto.

En definitiva, el nuevo modelo plantea al mercado un desafío más complejo: aprender no simplemente a cerrar empresas problemáticas, sino a separar los negocios que realmente pueden salvarse de aquellas compañías sin perspectivas de recuperación.

"La reforma es ambiciosa y va en la dirección correcta. Pero cuánto cambiará la práctica real, solo lo mostrará el tiempo y la aplicación de las novedades legislativas", resume Nikita Trifonov.

La reforma de la quiebra cambia de hecho la filosofía del instituto de insolvencia: de la venta de activos tras la crisis a intentar gestionar la crisis de manera anticipada. Pero el efecto definitivo dependerá no tanto del texto de la ley, sino de cuán eficazmente funcionen los nuevos instrumentos en los tribunales y en la práctica.