El jurista Nikita Trifonov: si el delito es económicamente rentable, la multa pierde sentido como medida punitiva

El Gobierno de Rusia respaldó un proyecto de ley que endurece las penas por delitos económicos. El cambio clave radica en el aumento de las multas. Así, por bancarrota premeditada (art. 196 del Código Penal de la Federación Rusa), la multa máxima pasará de 500.000 a 2 millones de rublos, mientras que por evasión fiscal (art. 199 del Código Penal de la Federación Rusa) aumentará de 500.000 a 5 millones.

En el marco del sistema vigente, donde los delitos se clasifican según la gravedad del daño (significativo, considerable y especialmente grave), las nuevas enmiendas contemplan incrementar las sanciones pecuniarias entre 1,5 y 5 veces. El socio del despacho jurídico Taeda Legal Nikita Trifonov está convencido de que las enmiendas están directamente vinculadas al nivel de inflación anual (7,89%), que supera significativamente el objetivo del Banco Central del 4%.

«Por lo general, el incremento de las multas se justifica por la necesidad de ajustarlas al nivel de inflación acumulada desde que entraron en vigor las multas anteriores», señala Trifonov.

Sin embargo, no todo se reduce a una simple indexación. Al elaborar estos cambios se analiza la práctica jurídica: hasta qué punto las multas vigentes son proporcionales al daño causado y al beneficio obtenido por el infractor. Por ejemplo, si por robar 10.000 millones de rublos corresponde una multa de 1.000 millones, el beneficio económico para empresas sin escrúpulos resulta evidente.

«Si el delito resulta económicamente rentable, la multa pierde sentido como medida punitiva», subraya el experto.

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta la diversidad de casos. El juez al dictar sentencia no solo examina el delito en sí, sino también quién lo cometió. El experto también llama la atención sobre esto:

«Para una pequeña empresa, una multa de un millón de rublos puede resultar devastadora, mientras que para una gran corporación puede ser meramente testimonial».

Tampoco puede descartarse el componente financiero. El aumento de las multas apunta en parte a incrementar la base de ingresos del presupuesto en un contexto de déficit persistente. Es importante comprender si el incremento de las multas conllevará cambios en el trabajo de los organismos policiales y en el comportamiento empresarial. Según el experto, para las estructuras de seguridad estas novedades pasarán prácticamente desapercibidas.

«Es poco probable que esto afecte al trabajo de los organismos policiales: las tipificaciones delictivas y los enfoques probatorios seguirán siendo los mismos. Se podrá hablar de esto con mayor precisión cuando se publique el texto completo de las modificaciones previstas».

En cambio, para las empresas el aumento de las multas probablemente reforzará la motivación para cumplir la legislación. Esto afecta especialmente a compañías donde los riesgos de multas «previstos» se percibían como un precio aceptable por la infracción.

«Esto, a su vez, puede acarrear un aumento del gasto empresarial en la implementación de procedimientos internos de cumplimiento normativo», pronostica el experto.

En otras palabras, a los empresarios les resultará más rentable invertir en la transparencia legal de sus operaciones y sistemas de control que pagar al Estado según la nueva tarifa incrementada.

La inflación devalúa el dinero, y surge una pregunta lógica: ¿no habría que revisar simultáneamente con el aumento de las multas también los umbrales de los delitos económicos, haciéndolos más actuales? Sin embargo, según explican los expertos, no es necesario. La gradación existente no es un conjunto arbitrario de cifras, sino un mecanismo equilibrado.

«Mantener la gradación según la magnitud del daño permite tener en cuenta la escala real de las consecuencias y las particularidades individuales de cada tipo delictivo. Esta gradación se establece en función de artículos específicos del Código Penal de la Federación Rusa, partiendo de su peligrosidad social y el carácter del hecho», explica el experto.

El sistema ya está internamente equilibrado. El aumento de las multas no altera esta lógica, sino que simplemente ajusta el componente financiero de la sanción teniendo en cuenta las nuevas condiciones económicas.

El incremento de las multas no es solo una indexación mecánica de los artículos del Código Penal. Es una señal al mundo empresarial de que las reglas del juego se endurecen. El Estado no solo busca engrosar el presupuesto, sino también hacer menos atractivos los delitos económicos, despojándolos de lo principal: su viabilidad financiera.

La principal consecuencia no será una oleada de causas penales, sino una revolución silenciosa dentro de las empresas: el crecimiento de las inversiones en seguridad jurídica y cumplimiento normativo. Las empresas se verán obligadas a gastar más en no infringir, en lugar de pagar por las infracciones. En última instancia, esto puede conducir a una mayor transparencia y civilización de las prácticas empresariales, que es el objetivo extraoficial pero importante de cualquier reforma de este tipo.