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Leer original →Los desastres naturales causan pérdidas de $2,3 billones al año. Cómo funcionan los bonos catastróficos y verdes, por qué su mercado está en expansión y qué ocurre con estos instrumentos en Rusia: un análisis de los nuevos mecanismos de financiamiento climático.
Las catástrofes naturales causan daños a la economía mundial por más de $2,3 billones anuales, lo que estimula el desarrollo de nuevos instrumentos financieros para la gestión de riesgos climáticos. Los bonos catastróficos permiten transferir los riesgos de desastres naturales a los inversionistas, ofreciendo rendimientos de hasta 11,8%, mientras que los bonos verdes financian proyectos ecológicos — su mercado alcanzó $2,9 billones. En Rusia ambos instrumentos siguen siendo de nicho debido a los altos costos, la débil demanda y la dependencia del apoyo estatal.
En las últimas décadas, el número de catástrofes naturales ha crecido vertiginosamente. Según estimaciones de la ONU, considerando las consecuencias indirectas y ecosistémicas, las pérdidas anuales por desastres naturales ya superan los $2,3 billones. El aumento en la frecuencia de huracanes, incendios forestales e inundaciones ya ejerce una presión considerable sobre los presupuestos públicos y los mercados. Hace algunos años, las aseguradoras y los reguladores comenzaron a prestar atención a instrumentos que permiten redistribuir los riesgos asociados a los desastres naturales entre los mercados de capitales.
Al mismo tiempo, los pagos de seguros cubren solo una parte de los gastos: por ejemplo, en la Unión Europea apenas está asegurado alrededor de un cuarto de las pérdidas por catástrofes climáticas, y en otros países menos desarrollados esta cifra es aún más modesta. En India, Vietnam, Indonesia y Filipinas, por ejemplo, la cobertura de seguros se mantiene por debajo del 1%, mientras que el Sudeste Asiático es particularmente vulnerable a los desastres naturales: la región concentra cerca del 40% de todas las catástrofes naturales del planeta, incluyendo tifones, inundaciones, terremotos y tsunamis.
La magnitud de estos gastos impacta los presupuestos nacionales y las empresas: viviendas e infraestructura deben reconstruirse a costa de las aseguradoras o del Estado. Sin embargo, los mecanismos tradicionales de seguros en varios casos no logran cubrir las pérdidas. Como resultado, inversionistas y gobiernos han buscado y desarrollado en los últimos años instrumentos alternativos de financiamiento, entre ellos los bonos verdes para financiar proyectos que mitigan el cambio climático, y los bonos catastróficos para transferir los riesgos de desastres naturales.
Los bonos catastróficos (CAT-bonds) son un tipo especial de instrumento de seguros que permite transferir los riesgos de desastres naturales a los inversionistas. Una compañía aseguradora emite el bono y ofrece al inversionista un rendimiento superior a cambio de asumir el riesgo de que ocurra un evento determinado: un huracán, una inundación, un terremoto, etcétera. Si el evento asegurado se materializa, los fondos invertidos pasan a la aseguradora. En otras palabras, el inversionista obtiene una rentabilidad más alta (en junio de 2025 el rendimiento anual promedio era de 11,8%, el doble del nivel promedio de los bonos corporativos estadounidenses), pero arriesga perder completamente su capital en caso de catástrofe.
Este mecanismo surgió tras el huracán Andrew, que en 1992 causó daños por $15,5 mil millones en el sur de Florida y llevó a la quiebra a por lo menos 16 compañías aseguradoras. Desde entonces, el mercado de CAT-bonds ha crecido vertiginosamente, sobre todo en Estados Unidos. Al cierre de 2024 su volumen alcanzó un récord de $17,7 mil millones, y para finales del verano de 2025 ya se habían emitido cerca de $18,4 mil millones en bonos. En la primavera de 2025 se lanzó en la Bolsa de Nueva York el primer fondo cotizado del mundo que invierte en bonos catastróficos, lo que incrementó aún más el interés de los inversionistas.
La demanda por parte de las aseguradoras se ve impulsada por la inflación en Estados Unidos y Europa: reconstruir infraestructura y propiedades destruidas resulta cada vez más costoso. El interés de los inversionistas, por su parte, se debe a que los eventos catastróficos (huracanes, terremotos) tienen baja correlación con los volátiles mercados bursátiles, y el rendimiento de los CAT-bonds es superior al de la mayoría de otros bonos. Por ejemplo, el rendimiento de los bonos corporativos de alto rendimiento en Estados Unidos ronda el 6,7%, mientras que los bonos con calificación BBB o superior ofrecen aproximadamente 4,5–5%. Un incentivo adicional para los inversionistas ha sido el bajo nivel de pérdidas: incluso los grandes huracanes de 2024, Helene y Milton, no generaron pagos significativos a los tenedores de bonos. Las pérdidas solo se materializan ante eventos verdaderamente devastadores, similares al huracán Katrina de 2005.
El mercado de CAT-bonds se expande gradualmente, incluso fuera de Estados Unidos. Han aparecido emisiones agregadas que aseguran varios tipos de catástrofes simultáneamente (nevadas, inundaciones, etcétera), y crece la geografía de los emisores: en 2025 algunas emisiones cubrieron pérdidas por terremotos en India e inundaciones en el Reino Unido. Y la tendencia al crecimiento continuará: según pronósticos Moody's, para finales de 2025 el volumen total de emisión de bonos catastróficos podría superar los $20 mil millones. El rápido crecimiento de los CAT-bonds ya está impactando el mercado de reaseguros: parte de los riesgos que normalmente asumían las reaseguradoras ahora son tomados con entusiasmo por los inversionistas, reduciendo la participación de los actores tradicionales.
Un bono verde es un instrumento de deuda en el cual el emisor se compromete a utilizar los fondos captados exclusivamente en proyectos ecológicos. En esencia, es un bono convencional pero con certificación ambiental. Estos instrumentos suelen financiar la construcción de parques eólicos y solares, la modernización de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas, y otros proyectos ecológicos.
La entrada de los bonos verdes al mercado comenzó en 2007 con los primeros Climate Awareness Bonds, emitidos por el Banco Europeo de Inversiones. Ya en 2008, el Banco Mundial emitió los primeros bonos con la denominación oficial de «Green Bonds», consolidando el instrumento a nivel internacional.
Desde entonces, la demanda de estos instrumentos ha crecido vertiginosamente. Según datos de LSEG, la capitalización total del mercado de bonos verdes alcanzó $2,9 billones, casi seis veces más que en 2018, con un volumen de emisiones en 2024 que superó los $570 mil millones (+10% respecto al año anterior). Los líderes tradicionales del mercado de bonos verdes son los países europeos y Estados Unidos: así, la UE representó casi el 60% de la emisión mundial en 2024 ($388 mil millones), mientras que Estados Unidos ocupó el primer lugar entre países con un volumen de $85 mil millones.
Sin embargo, en 2025 la situación cambió: por primera vez el mercado de bonos verdes de China superó a sus competidores occidentales. En 2025, China representa más del 17% de la emisión mundial de bonos «verdes», mientras que Estados Unidos apenas alcanza el 3%. Las razones son las siguientes: Pekín apoya activamente la descarbonización de su economía, captando recursos para la construcción de plantas solares, eólicas, hidroeléctricas y otros proyectos «verdes». En Estados Unidos, en cambio, la incertidumbre política y la actitud escéptica de la administración de Donald Trump hacia la agenda «verde» han provocado una caída en la demanda de estos instrumentos; aunque muchos inversionistas siguen financiando proyectos ecológicos, procuran evitar el uso oficial del término «bono verde».
El principal riesgo sistémico de los bonos verdes es la ausencia de una terminología única y rigurosa, así como de controles estrictos. Los diferentes estándares y la débil verificación permiten que algunas emisiones lleven formalmente la etiqueta «verde» sin un impacto ecológico real (greenwashing), por lo que los inversionistas requieren una revisión exhaustiva de los proyectos y documentos. En definitiva, el mercado sigue siendo pequeño en comparación con las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos climáticos: las emisiones anuales actuales cubren solo una parte de los recursos requeridos (según estimaciones, para resolver los desafíos climáticos se necesitan alrededor de $2 billones al año).
En conclusión, tanto los bonos verdes como los catastróficos ofrecen nuevos instrumentos para financiar los riesgos climáticos, pero su efectividad depende del desarrollo de estándares y de la transparencia. Sin una regulación adecuada, corren el riesgo de permanecer como instrumentos de nicho, y la carga principal de atender las consecuencias de los desastres climáticos seguirá recayendo en el presupuesto público.
En el mercado nacional de finanzas sostenibles, los bonos verdes aparecieron hace poco tiempo, y sus volúmenes aún son modestos. Así, en 2024 se emitieron bonos ESG por un total de apenas 52.800 millones de rublos, de los cuales los verdes representaron solo 2.800 millones (5,3% de las nuevas colocaciones).
A modo de comparación: en el momento de mayor interés, en 2021, la participación de las emisiones verdes superaba el 70%. En aquel entonces, el mayor emisor fue Moscú: el gobierno de la capital colocó bonos verdes por 70.000 millones de rublos, de los cuales 60.000 millones se destinaron a la construcción y modernización del metro (incluida la Gran Línea Circular), y aproximadamente 10.000 millones a la adquisición de 400 autobuses eléctricos. Otros 51 autobuses eléctricos adicionales se compraron con la segunda emisión de bonos verdes, ya en 2023. Este proyecto demostró que los bonos verdes pueden financiar proyectos de infraestructura concretos, aportando beneficios tangibles a la ciudad e involucrando a los habitantes en la inversión para el desarrollo de su propio entorno urbano.
Sin embargo, en los últimos dos años estos valores solo los emite una empresa: PAO «EuroTrans»: en 2024, dos emisiones por 2.000 y 800 millones de rublos; en los primeros 9 meses de 2025, por 4.000 millones de rublos. Según datos del Banco Central, hasta octubre de 2025 se han emitido bonos en el segmento de desarrollo sostenible por un monto total de aproximadamente 504.000 millones de rublos, de los cuales 267.000 millones corresponden a bonos verdes. Esto representa menos del 1% de todo el mercado ruso de bonos.
No obstante, la infraestructura necesaria en Rusia ya está creada: se ha aprobado la taxonomía nacional de proyectos "verdes" y de "transición", funciona un sistema de verificación externa que confirma el cumplimiento de las emisiones con los requisitos establecidos. El Banco de Rusia actualizó los criterios de ponderación de riesgo, incentivando a los bancos a financiar proyectos sostenibles, y la Bolsa de Moscú lanzó un sector de desarrollo sostenible para el listado de estos bonos. En 2025, el gobierno también precisó la lista de áreas prioritarias —desde fuentes de energía renovable (FER) y eficiencia energética hasta hidrógeno y tecnologías de captura de carbono— lo que hace más predecibles las reglas de selección de proyectos.
Pero el capital privado no se apresura a entrar en este mercado. Las razones: la certificación "verde" resulta costosa, estos bonos son difíciles de colocar en el mercado secundario, y la demanda estable por parte de inversionistas privados comunes es casi inexistente; los principales compradores son bancos estatales e instituciones vinculadas al Estado. Según estimaciones de los participantes del mercado, la emisión de un bono verde le cuesta al emisor entre 0,20 y 0,25 puntos porcentuales más que la deuda convencional, mientras que la prima por parte de los inversionistas es prácticamente inexistente.
En cuanto a los bonos catastróficos, en Rusia prácticamente no se utilizan por ahora. Aunque el Banco Central ya en 2022 instaba a las aseguradoras a desarrollar este tipo de instrumentos, el sector sigue apoyándose en esquemas tradicionales con compañías de seguros y en el respaldo estatal. Un ejemplo fue la situación en varias regiones rusas (óblasts de Rostov, Bélgorod y Vorónezh), donde se decretó el estado de emergencia para garantizar pagos de seguros a los agricultores tras las heladas primaverales. Surge la pregunta: ¿qué harán aquellas explotaciones que se encuentren en situación similar pero no logren que se declare el estado de emergencia? En ausencia de instrumentos especializados, los riesgos siguen recayendo sobre los hombros del presupuesto.
Así pues, cabe esperar un mayor crecimiento del mercado de bonos verdes y catastróficos en el mundo. Las compañías de seguros y los Estados probablemente trasladarán cada vez más los riesgos climáticos al mercado de capitales, aunque los CAT-bonds seguirán siendo altamente riesgosos y volátiles, especialmente para grandes inversores, debido a la amenaza de "un gran shock único". Los bonos verdes tienen perspectivas más estables: la demanda de financiación para energías renovables y eficiencia energética seguirá creciendo, pero su escalamiento depende del atractivo económico de los proyectos, de una política energética estatal predecible y de reglas transparentes para los inversores. De lo contrario, las emisiones "verdes" corren el riesgo de quedarse como un instrumento de nicho, fuertemente dependiente del apoyo gubernamental.